PHOENIX — Hace veinte años, cuando Arizona se sentía frustrada por la porosidad de su frontera con México, el estado aprobó una serie de leyes de inmigración tras las quejas incesantes de los que las proponían sobre cómo los contribuyentes locales terminaban pagando la educación, atención médica y otros costos para las personas que estaban en Estados Unidos sin autorización.

El entonces jefe policial del condado Maricopa, Joe Arpaio, asumió con gusto la causa, implementando 20 patrullajes de tránsito a gran escala enfocados en los inmigrantes desde enero de 2008 hasta octubre de 2011. Eso derivó en un veredicto en 2013 de que estaba actuando con móviles de discriminación racial y en que la corte ordenara costosas reformas en los patrullajes del tránsito efectuados por la agencia y, más

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