El Consejo de Ministros de España ha enviado al Congreso el proyecto de ley para aplicar la directiva de la Directiva Europea de Cooperación Administrativa (DAC8), que obligaría a los exchanges a informar sobre los movimientos cripto de los residentes españoles, incluso en el extranjero. La normativa permitiría también el embargo de estos activos, según lo publicado en El Economista y la información dada en LinkedIn por José Antonio Bravo Mateu, especializado en fiscalidad.

Según los detalles dados, el proyecto de ley que transpone la octava reforma DAC8, buscaría reforzar el control fiscal sobre los criptoactivos. Esta normativa obligaría a los proveedores de servicios con criptomonedas a remitir información detallada sobre los saldos y operaciones de sus usuarios a la Agencia Tr

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