Los salvatajes que el Gobierno lanzó a Petroperú ha permitido a esta empresa mantenerse en el mercado, lo que no sucedería con una del sector privado que esté atravesando una crisis financiera, que si se vería obligada a pedir un proceso concursal en Indecopi para evitar ser liquidada.

Uno de los salvatajes que recibió la petrolera estatal, el Decreto de Urgencia (DU) 013-2024, fue el detonante que llevó el caso al Tribunal Constitucional (TC).

Esa norma amplió el plazo de 12 meses a cuatro años (hasta el 31 de diciembre 2028) la garantía del Estado a la operación de crédito entre el Banco de la Nación y Petroperú, por $1,000 millones.

En ese sentido, el Colegio de Abogados de Arequipa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto y fue admitida a trámite por el TC.

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