Cada semana, frente al Aeropuerto Internacional del Condado de King en Seattle, un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes se da cita para observar los vuelos de deportación que despegan en silencio hacia distintos puntos de Estados Unidos y América Latina. Su labor consiste en contar cuántas personas son subidas a los aviones, registrar si presentan problemas de salud y ofrecer información a las familias que, en muchos casos, no reciben datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Hasta hace poco, los voluntarios podían seguir con relativa facilidad la ruta de estos vuelos mediante plataformas públicas como FlightAware o FlightRadar24. Pero ahora, aseguran, el panorama ha cambiado: las aerolíneas contratadas por ICE empezaron a usar códigos de

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