En medio del debate sobre la eliminación del impuesto al inventario, que supone casi $300 millones que los municipios dejarían de recibir por ese concepto, enfrentan una necesidad adicional de $450 millones para sostener sus operaciones, lo que —según recalcaron— evidencia la gravedad de la situación fiscal que atraviesan.

“Si tomamos las aportaciones que los municipios hacen al Gobierno central en tres renglones: ASES (Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico), PayGo y el servicio a la deuda estatal, estaríamos hablando de cerca de $450 millones, así que lo que recauda el renglón muebles solamente como quiera es insuficiente para cubrir esos tres renglones”, dijo Hans Mercado, asesor legal de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, durante una vista pública para discutir el Pr

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