La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de los Puertos, tras detectar falta de controles internos en la contratación y el cobro de deudas.

El informe revela que el 36 por ciento de las 258 instalaciones comerciales en ocho de los nueve aeropuertos del país operaban con contratos vencidos desde 1993. La situación no salvaguarda los intereses de la agencia y permitió que negocios continuaran operando sin acuerdos vigentes.

La auditoría identificó contratos con cláusulas contrarias a derecho que incentivaban la ocupación fuera de contrato. También encontró que la Autoridad permitió a un concesionario ubicar un tráiler por más de 16 años en terrenos aledaños a un aeropuerto sin pagar renta.

Entre otros hallazgo

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