El Gobierno español tiene previsto aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros la condonación de 85.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Esta medida, que se enmarca en un acuerdo pactado con ERC, ha generado una fuerte oposición por parte del Partido Popular (PP). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este viernes que el Ejecutivo procederá con el mecanismo de condonación, un compromiso que fue parte del acuerdo de investidura con ERC y que recibió el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en febrero.

El PP ha argumentado que esta quita no es justa y ha anunciado que varias comunidades gobernadas por este partido presentarán recursos legales en contra de la medida. Montero defendió la condonación, afirmando que no hay privilegios para Cataluña ni agravios para otras comunidades. Según el Gobierno, las autonomías podrían ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses.

"No tienen argumentos para renunciar", declaró Montero desde Sevilla. Sin embargo, las reacciones de las comunidades gobernadas por el PP no se han hecho esperar. La Comunitat Valenciana, a través de su consellera de Hacienda, Ruth Merino, calificó la condonación como "inaceptable" y argumentó que es fruto de un pacto unilateral que no cuenta con consenso autonómico. Merino destacó que el 80% de la deuda valenciana se debe a la infrafinanciación.

Andalucía también se opone a la medida, considerándola una "cesión más" del Gobierno ante el independentismo catalán. La consejera de Hacienda, Carolina España, criticó que la condonación no generará más recursos para invertir en la comunidad, sino que solo mejorará el balance de las cuentas de las comunidades más endeudadas.

Por su parte, Baleares ha calificado la condonación como un "trilerismo presupuestario" que no mejora la financiación, ya que los ahorros generados no se pueden destinar a inversiones en servicios sociales o infraestructuras, según el conseller de Hacienda, Antoni Costa.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya habían mostrado su rechazo a esta medida en febrero, cuando abandonaron el CPFF en señal de protesta. En ese momento, anunciaron que recurrirían la medida una vez aprobada. El principal punto de conflicto no es solo la quita de deuda, sino también la financiación singular para Cataluña, que ha suscitado críticas y requerirá más tiempo para su resolución, según el PSC.