Una resolución firmada por uno de los hombres de confianza de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, se convirtió en una papa caliente que tiene encendidas las alarmas en la entidad por el riesgo de impunidad en el que quedarían sonados expedientes de relevancia nacional. En diálogo con SEMANA, los propios funcionarios advirtieron que, con la excusa de llevar la Fiscalía a las regiones, se pretende “engavetar” los procesos de mayor complejidad que enredan precisamente a funcionarios de primer nivel del presidente colombiano Gustavo Petro.

El problema radica en la Resolución 0101, firmada por el delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Humberto González, el pasado 13 de junio. Esa delegada reúne a direcciones como narcotráfico, derechos humanos, justicia transicional,

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