El reciente llamado de la Procuraduría General de la Nación obliga a la Alcaldía de Cartagena a rendir cuentas sobre las acciones implementadas para controlar la circulación de vehículos de transporte público en mal estado o sin habilitación oficial en la ciudad.

El requerimiento surge a raíz de múltiples infracciones observadas en la prestación del servicio colectivo urbano, particularmente en zonas donde se han documentado problemas persistentes de seguridad y calidad .

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En la comunicación oficial, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena expuso varias problemáticas que afectan directamente a los usuarios: sobrecupo, conducción peligrosa, vehículos con deterioro estructural y mecánico (casos

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