La crisis de inseguridad y desorden público que registra el país está tomando visos de extrema gravedad, al punto que la vigencia misma del Estado Social Derecho, entendida como la capacidad de las instancias oficiales legítimamente constituidas para imponer su autoridad en los territorios, está en franco y riesgoso retroceso. Negar esa realidad, más que una actitud ingenua o una mera táctica política −inefectiva, por decir lo menos− del gobierno de turno para desconocer el desamparo que a diario sufren millones de habitantes a merced de los violentos, está llevando a Colombia por una senda muy peligrosa, similar a la de finales del siglo pasado, cuando las guerrillas y los paramilitares eran los que imperaban, a sangre y fuego, en las regiones.

A raíz de la reciente oleada terrorista en

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