El Gobierno argentino ha presentado una denuncia penal en la Justicia Federal contra la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Patricia Bullrich, califica estos hechos como parte de una "operación de inteligencia no institucional" prohibida por la Ley 25.520. Según el documento, el objetivo de esta maniobra sería "influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral".

El Gobierno sostiene que las filtraciones no son un hecho aislado, sino parte de un plan articulado para debilitar al oficialismo en plena campaña electoral. En este contexto, se solicitó una medida cautelar urgente para prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios ya divulgados, así como cualquier otro material relacionado. La denuncia ha sido asignada al juzgado federal de Julián Ercolini.

El caso se centra en la difusión de grabaciones de Karina Milei, que se produjeron el 29 de agosto en el canal de streaming Carnaval. En ese programa, el periodista Mauro Federico afirmó tener más de cincuenta minutos de audios de la funcionaria. El Gobierno argumenta que estos registros fueron obtenidos de manera ilegal y forman parte de una trama más amplia con fines políticos. Se sugiere que las grabaciones podrían haberse realizado dentro de la Casa Rosada o en otras dependencias públicas, lo que, según el oficialismo, comprometería la investidura presidencial y la confidencialidad de los asuntos de Estado.

La denuncia también menciona al abogado Franco Bindi como un posible actor en esta operación, describiéndolo como "ligado a agentes inorgánicos de inteligencia" con antecedentes en maniobras similares. Además, se establece un vínculo con un contexto internacional, aludiendo a investigaciones sobre "redes de espías rusos" en Argentina y operaciones de desinformación en otros países.

La Justicia ha respondido a esta situación, ordenando el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó que esta decisión judicial reconoce la gravedad de la violación a la privacidad institucional, subrayando que no se trata de un caso de libertad de expresión. La denuncia del Gobierno se produce en un momento crítico, ya que busca frenar la viralización del material y encontrar a los responsables de la grabación y filtración.