BRASILIA (AP) — El fiscal general de Brasil argumentó el martes que el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados tramaron derrocar la democracia a través de una serie de hechos interconectados con el objetivo de mantenerlo en el poder ilegalmente, al entrar en la fase de veredicto del juicio por el golpe de Estado del exgobernante.

El expresidente está acusado de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado para permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro niega cualquier delito y ha dicho repetidamente que el juicio es un ataque políticamente motivado con cargos espurios.

El fiscal general Paulo Gonet señaló pruebas de que, después de la votación de octubre de 2022, Bolsonaro convocó a altos funcionarios del gabinete y militares para analizar la emisión de un decreto de emergencia con el fin de detener el resultado de la votación suspendiendo los poderes del tribunal electoral e investigando sospechas de fraude.

“No se necesita un esfuerzo intelectual extraordinario para reconocer que, cuando el presidente de la república y luego el ministro de defensa convocan a la cúpula militar para presentar un documento formalizando un golpe de Estado, el proceso criminal ya está en marcha”, indicó Gonet.

Agregó que el “panorama impactante y sombrío” descrito en la acusación no puede entenderse como una “narrativa de hechos aislados”. Señaló que el plan para mantener a Bolsonaro en el poder también involucraba otros elementos, entre ellos, esfuerzos previos para sembrar dudas en el sistema de votación electrónica de Brasil y un motín por parte de los partidarios de Bolsonaro el 8 de enero de 2023, después de que Lula fuera investido.

Los fiscales también han alegado que el complot incluía un plan para asesinar a Lula y a uno de los jueces del Supremo Tribunal.

“No reprimir penalmente intentos de esta naturaleza, como lo demuestran relatos tanto aquí como en el extranjero, fortalece los impulsos autoritarios. Esto, por lo tanto, alimenta el fundamentalismo y pone en riesgo una forma de vida civilizada”, destacó Gonet.

La defensa de Bolsonaro ha dicho que el argumento de la fiscalía se ve socavado por el hecho de que el decreto de emergencia nunca fue emitido y que el exlíder permitió que la transición a Lula siguiera adelante.

Bolsonaro está bajo arresto domiciliario y no estuvo presente en el tribunal el martes. Su abogado, Celso Vilardi, dijo a los periodistas que se debía a la mala salud del exmandatario.

“Estoy siguiendo (el juicio)”, dijo Bolsonaro en un video compartido en redes sociales, donde aparece caminando de un lado a otro en su propiedad en Brasilia.

La fase de veredicto y sentencia del juicio comenzó alrededor de las 9 de la mañana del martes. Concluyó poco antes de las 6 de la tarde, después de que los abogados de cuatro de los aliados cercanos de Bolsonaro tomaran la palabra.

El panel del tribunal ha programado sesiones durante cinco días hasta el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable. Se espera que el abogado del exmandatario hable el miércoles por la mañana.

“La historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la paz”, declaró el juez Alexandre de Moraes al comenzar el juicio.

De Moraes, quien preside el caso y es considerado un adversario por Bolsonaro, también dijo que el papel del tribunal es juzgar imparcialmente “independientemente de amenazas o acciones legales, ignorando presiones internas o externas”.

Esa fue una referencia indirecta al presidente estadounidense Donald Trump, quien vinculó directamente un arancel del 50% sobre los productos brasileños importados a la situación judicial de su aliado. Trump ha calificado los procedimientos como una “caza de brujas”, lo que ha desencadenado reacciones nacionalistas de muchos políticos brasileños.

El lunes por la noche, los hijos de Bolsonaro, Carlos y Jair Renan, rezaron junto con otros partidarios durante una vigilia en el condominio donde cumple arresto domiciliario.

Fuera de la casa, manifestantes en contra del expresidente inflaron un enorme globo que representaba a Bolsonaro con ropa de prisión y se enfrentaron a gritos con sus partidarios. La policía intervino y separó a los dos grupos.

El exmandatario fue acusado de cinco cargos: intentar llevar a cabo un golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático y dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal.

Un veredicto de culpabilidad solo por el cargo de conspiración para el golpe conlleva una sentencia de hasta 12 años.

Otros siete aliados de Bolsonaro están siendo juzgados junto al expresidente, incluidos Walter Braga Netto, su excompañero de fórmula y ministro de defensa, y Paulo Sérgio Nogueira, otro exministro de defensa.

El máximo tribunal electoral de Brasil ya ha prohibido que Bolsonaro se postule en elecciones hasta 2030 por abuso de poder y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

Durante el juicio, la fiscalía presentó notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que, dijeron, eran evidencia de la conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder.

La fiscalía terminó de presentar sus argumentos en julio y la defensa hizo lo propio a mediados de agosto.

Poco después, la policía acusó a Bolsonaro y a su hijo Eduardo de obstrucción de la justicia, diciendo que el expresidente quería huir a Argentina el año pasado y solicitar asilo político.

Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos a principios de este año, a pesar de tener un escaño en el Congreso de Brasil, y ha buscado sanciones contra el juez Alexandre de Moraes. A finales de julio, la administración de Trump impuso sanciones al magistrado, congelando cualquier activo que pudiera tener en Estados Unidos.

Las autoridades consideran que Bolsonaro podría darse a la fuga. En el período previo al veredicto y la fase de sentencia, el Tribunal Supremo ordenó medidas de seguridad adicionales. El sábado, De Moraes permitió la inspección de vehículos que salían de la residencia de Bolsonaro y ordenó la vigilancia presencial del área que rodea su hogar.

El martes, Lula dijo a los periodistas en Sao Paulo que espera que el tribunal emita un juicio basado en los registros del caso. “Nadie está juzgando a nadie personalmente”, dijo.

El presidente de izquierda también dijo que el gobierno de Trump interfiere en el sistema de justicia de Brasil. “Es increíble”, dijo. “Voy a decirlo de nuevo: Trump no fue elegido para ser emperador del mundo”.

Los expertos han calificado el juicio de Bolsonaro como “histórico” y han destacado que es la primera vez que altos funcionarios acusados de un intento de golpe son sometidos a un juicio penal.

Brasil fue gobernado por una dictadura militar entre 1964 y 1985, una era por la que Bolsonaro ha expresado nostalgia. El gobierno aprobó una amplia Ley de Amnistía en 1979 y Brasil nunca procesó a ninguno de los oficiales militares responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos durante esa era.

Brasil aún no enfrenta completamente su violento pasado, pero este juicio marca una ruptura histórica con la impunidad, dijo Lucas Figueiredo, autor de varios libros sobre la dictadura más reciente del país.

“El tiempo dirá si es 100% exitoso, pero lo que estamos viendo hoy es un movimiento que rompe con una tradición de golpes militares”, afirmó.

___

El fotógrafo de AP Luis Nova contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.