Los recortes presupuestales propuestos por el Gobierno para la Defensoría del Pueblo de Colombia serían un duro golpe para la protección de los derechos humanos en el país, afirmó este lunes Human Rights Watch.

La Defensoría solicitó un aumento presupuestario modesto para 2026, en parte para compensar la tasa de inflación cercana al 5 % anual, y para ampliar su labor ante el recrudecimiento de los problemas de derechos humanos en Colombia.

A pesar de ello, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2026 presentado por el gobierno de Gustavo Petro recortaría la financiación de la Defensoría en hasta un 3 % en comparación con 2025. Esto supondría un déficit de 32,3 millones de dólares, lo que representa un 9,7 % menos del monto que la Defensoría considera necesario para funcio

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