La Corte Suprema de Justicia ha decidido avanzar en el juicio relacionado con un bloqueo realizado por el gremio de los camioneros en mayo de 2021. Este bloqueo tuvo lugar en la sede de la empresa Química Oeste, donde los sindicalistas exigían el encuadramiento laboral de sus empleados. Aunque inicialmente los sindicalistas habían sido sobreseídos, la Corte ha dado luz verde al pedido del empresario afectado.
Carlos Dos Reis, representante de Química Oeste, denunció que el 10 de mayo de 2021, un grupo de aproximadamente diez personas llegó al depósito de la empresa en tres vehículos. Colocaron una bandera del Sindicato de Camioneros y afirmaron: “de acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar” (SIC). Este acto impidió la salida de camiones y el ingreso de empleados a la empresa. La situación se agravó al día siguiente, cuando varios camiones con contenedores también fueron bloqueados, afectando a clientes que intentaban retirar mercadería.
La protesta continuó hasta el 18 de mayo, cuando la policía bonaerense intervino para permitir el ingreso y salida de camiones. Dos Reis indicó que el bloqueo causó pérdidas significativas a Química Oeste, estimando “varios millones de pesos por día”, y afectó al sector petrolero con pérdidas de alrededor de 2 millones de dólares por la falta de insumos.
La denuncia penal presentada por Dos Reis incluyó acusaciones de extorsión y turbación de la propiedad. Entre los imputados se encuentra Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande de Camioneros, y otros miembros del sindicato. La fiscalía sostiene que los manifestantes actuaron de manera violenta y amenazante, con un plan premeditado.
El 18 de octubre de 2022, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora rechazó el sobreseimiento solicitado y elevó el caso a juicio. Sin embargo, la defensa apeló y la Cámara Nacional de Apelación y Garantías en lo Penal revocó la decisión, sobreseyendo a los imputados al considerar que no se había demostrado la existencia de conductas violentas.
La querella apeló nuevamente, pero su recurso fue desestimado por el Tribunal de Casación Penal. La Suprema Corte de Justicia bonaerense también desestimó el recurso, argumentando que el particular damnificado no había refutado adecuadamente los fundamentos de la instancia anterior.
Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario federal. En este recurso, se argumentó que se había realizado una interpretación arbitraria del derecho a huelga, afectando derechos constitucionales como el derecho a trabajar y a la inviolabilidad de la propiedad privada. La Corte, al hacer lugar al recurso, citó un precedente de 2016 y determinó que el caso debe avanzar hacia el juicio oral.