El juzgado de Garantía de Calama constató que el Ministerio Público no había entregado copia completa de la carpeta investigativa a las defensas, vulnerando sus derechos. Eso llevó a que se resolviera que había un actuar dilatorio por parte del fiscal Eduardo Peña, lo que afectaba el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable.

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