El acuerdo entre el Gobierno y la inmobiliaria San Antonio ha fracasado, dejando a más de 10 mil personas bajo la amenaza de desalojo. La situación se ha vuelto crítica tras la falta de consenso en la tasación del terreno ocupado por la megatoma en Cerro Centinela, en la región de Valparaíso.

Las negociaciones, que se extendieron por más de seis meses, concluyeron sin resultados positivos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que la Comisión Técnica, creada en abril, no logró llegar a un acuerdo. A pesar de 17 sesiones y propuestas concretas del Estado, las partes no pudieron avanzar.

El principal obstáculo fue el precio del terreno, que la inmobiliaria exigió triplicando el valor calculado por el ministerio. Este precio no cuenta con respaldo técnico y es financieramente inviable para las familias afectadas. El Minvu declaró que "las propuestas del Gobierno fueron técnica y legalmente justificadas, orientadas a alcanzar un valor justo y sostenible en el tiempo", pero fueron rechazadas sin alternativas.

La megatoma, que comenzó a poblarse en octubre de 2019, abarca 215 hectáreas y alberga a 10.251 personas, incluyendo más de 3.100 niños y 923 adultos mayores. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ya ha emitido una orden de desalojo, confirmada por la Corte Suprema.

Para evitar una crisis humanitaria, el Gobierno había propuesto que las familias, organizadas en cooperativas, pudieran adquirir directamente el terreno. A pesar de que el 90% de las familias se formalizaron en cooperativas y se exploraron mecanismos de financiamiento con BancoEstado, el desacuerdo en el valor de venta ha paralizado el proceso.

El Ministerio de Vivienda ha reiterado su disposición a seguir trabajando para facilitar la adquisición del terreno por parte de las familias y ha instado a los propietarios a reconsiderar su postura. Sin embargo, la inmobiliaria ha anunciado que procederá con acciones legales para confirmar la medida de desalojo, afectando a más de 4.000 familias.