El por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir.

Dichos exfuncionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con el delincuente Rafael Reyna, abogado que exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objeto de favorecerles en las investigaciones y simulando ser fiscal del Ministerio Público, proporcionaba información de las distintas causas penales, llevadas en diferentes despachos fiscales de la jurisdicción.

Entre esas comunicaciones destacan trámites vinculados a

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