En la memoria de los ciudadanos no se recuerda una apertura del Año Judicial tan tensa como la que ayer se pudo presenciar, un acto que ya venía precedido por una intensa polémica política en la que, una vez más, se ha puesto en evidencia la falta de respeto permanente al Poder Judicial que sufre la democracia española.

Para empezar, nunca se debería haber permitido que un fiscal general del Estado procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos hubiese intervenido en tan solemne y simbólico acto. Menos aún que aprovechase su discurso, como hizo, para defender sus intereses personales. Álvaro García Ortiz tiene, faltaría más, el derecho a la presunción de inocencia, pero también la obligación de guardar el decoro institucional al que le obliga su alto ca

See Full Page