Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, ha denunciado presiones políticas que llevaron a su destitución. Asegura que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, coordinaron acciones para forzar su salida del cargo. La decisión del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado se tomó el 5 de septiembre, bajo la causal de "pérdida de confianza".

Carrión calificó su destitución como "arbitraria" y denunció que López Aliaga envió tres oficios solicitando su cese. "El alcalde, presidente de Renovación Popular, está incluido en un caso penal en el cual nosotros participamos. Hay un evidente conflicto de interés", afirmó.

La exprocuradora presentó chats que, según ella, evidencian la presión ejercida por el alcalde. En uno de los mensajes, López Aliaga le exigía que su procuraduría se sumara a una demanda presentada por la Municipalidad de Lima en Estados Unidos. Carrión también mencionó que recibió mensajes intimidantes, donde el alcalde advertía sobre posibles publicaciones en prensa si no cumplía con sus demandas.

"He sido pasible de amenazas por mensajes a mi WhatsApp del propio alcalde", declaró Carrión. Además, acusó a congresistas de Renovación Popular de haber solicitado su destitución, lo que considera una clara injerencia política.

La exprocuradora destacó que su salida podría afectar la colaboración en casos de soborno transnacional, ya que su reemplazo necesitará tiempo para adaptarse. Durante su gestión, Carrión logró recuperar más de S/310 millones en reparaciones civiles.

La remoción de Carrión se produce en un contexto de preocupación internacional por el acoso a fiscales anticorrupción en Perú, justo después de que la OCDE expresara su inquietud sobre la situación. La Procuraduría General del Estado confirmó que la decisión de destituir a Carrión se tomó en una sesión del Consejo Directivo, donde se utilizó la facultad de culminar su designación.