El aumento de desapariciones relacionadas con el reclutamiento forzado por grupos criminales en terminales de autobuses ha llevado a diputados de dos bancadas a presentar una propuesta legislativa. Esta iniciativa, impulsada por Claudia Salas de Movimiento Ciudadano y Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena, busca transformar los controles de seguridad en estos espacios.

La propuesta se centra en la creación de un registro nacional de pasajeros y en la implementación de medidas tecnológicas para prevenir la captación ilícita de personas. Se plantea añadir un artículo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El objetivo principal es que los boletos emitidos en las 976 terminales de autotransporte federal del país incluyan el nombre del pasajero. Además, se verificará la identidad del comprador mediante una credencial del INE, pasaporte o documento equivalente. Se requerirá una segunda verificación al momento de abordar, asegurando que el boleto coincida con la identificación presentada.

Se espera que esta propuesta sea aprobada en los próximos días, primero en la Comisión de Movilidad y luego en el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobada, obligaría a los permisionarios a cumplir con estas medidas, estableciendo sanciones para quienes no lo hagan. La reforma también daría paso a la creación de un reglamento específico para su implementación.

Uno de los propósitos centrales de esta iniciativa es homologar los criterios de seguridad en las terminales de autobuses con los estándares que ya se aplican en los aeropuertos. Esto permitiría controlar las paradas no autorizadas, promover revisiones aleatorias y establecer protocolos de seguridad tanto para las autoridades públicas como para las empresas privadas que ofrecen el servicio.

En la exposición de motivos, los legisladores destacan que, a pesar de la reducción de delitos de alto impacto en México, han surgido nuevos riesgos para los sectores más vulnerables. La falta de oportunidades laborales ha llevado a muchas personas a migrar, lo que aumenta su vulnerabilidad. Además, se menciona que cerca de 6,117 personas extranjeras han desaparecido o no han sido localizadas, y más de 20,165 personas en total han desaparecido sin que se establezca una correlación con su nacionalidad.

"Nuestro país ha experimentado una transformación que ha reducido los delitos de alto impacto; sin embargo, han surgido nuevos factores que ponen en riesgo a los sectores más vulnerables de la población", se indica en la exposición de motivos de la iniciativa.