La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano , ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Mérida para garantizar la prestación del transporte escolar en el próximo curso 2025-2026.

Según explicó, cuando el actual Gobierno llegó al poder en 2023 se encontró con que el servicio se pagaba con precios de 2016 , pese a que el anterior Ejecutivo había firmado un acuerdo con las empresas en 2021. En 2024 se alcanzó un nuevo pacto por unanimidad con todo el sector , que supuso un incremento de hasta un 50% en determinadas rutas y una inversión superior a 16 millones de euros .

Sin embargo, un grupo minoritario de empresas ha decidido no presentarse a las licitaciones , lo que pone en riesgo unas 240 rutas escolares

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