El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) -una de las acusaciones populares en la causa que ha terminado con el fiscal general en el banquillo, para quien pide una condena de cuatro años de prisión por revelación de secretos- considera que la decisión del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de abrir juicio oral contra Álvaro García Ortiz "confirma que ninguna institución, por elevada que sea, puede situarse por encima del derecho de defensa, del secreto profesional ni de las garantías procesales".

El decano de la institución colegial -que se querelló contra el máximo representante del Ministerio Público a raíz de la filtración de los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador (el correo en el que admitía el fraude fiscal para llegar a un ac

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