La Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado una decisión crucial en el caso Monsalve. El tribunal rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa en representación de la Presidencia. Esta resolución ordena la entrega de correos electrónicos entre Miguel Crispi y Carlos Durán, relacionados con la búsqueda de un reemplazo para el exsubsecretario Manuel Monsalve.

La controversia surgió tras una solicitud del diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien, a través de la Ley de Transparencia, buscaba esclarecer si hubo gestiones en La Moneda para encontrar un nuevo nombre para la Subsecretaría del Interior, en medio de un escándalo por una denuncia de violación contra Monsalve. El CDE argumentó que la entrega de estos correos podría afectar los derechos a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Sin embargo, la Corte desestimó estos argumentos. El tribunal concluyó que los correos en cuestión son información pública, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Transparencia, a excepción de los datos personales o sensibles que deban ser eliminados. La Corte afirmó que "se trata de correos intercambiados entre funcionarios, enviados en el ejercicio de funciones públicas, en relación directa con materias propias del servicio, las que no gozan de privacidad".

El diputado Lagomarsino expresó su optimismo tras la decisión del tribunal. Hasta el momento, el Gobierno no ha indicado si recurrirá a la Corte Suprema o si intentará demostrar que los correos solicitados no existen. La situación sigue generando expectación en el ámbito político y social.