La Policía Nacional del Perú (PNP) ha capturado a la exfiscal Flor de María Maita Luna, quien estuvo prófuga de la justicia durante más de 20 años. La detención se produjo recientemente, y Maita Luna es acusada de haber formado parte de una organización criminal vinculada al exdictador Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. En 2002, se emitió una orden de detención en su contra por presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

La Fiscalía sostiene que Maita Luna, en su rol como fiscal superior provisional de tráfico ilícito de drogas, se integró a esta organización con el objetivo de controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. La fiscal adjunta suprema, Alejandra Cárdenas, ha declarado que la exfiscal recibía 2.500 soles mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para manipular las decisiones judiciales.

Cárdenas presentó como evidencia un fax que Maita Luna supuestamente envió al SIN solicitando los pagos acordados con Montesinos. Este documento fue sometido a un peritaje que confirmó que la escritura era de su puño y letra. Además, se han recopilado testimonios de exsecretarias de Montesinos y choferes del SIN, quienes afirmaron que entregaban sobres con dinero en el domicilio de Maita Luna.

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria un plazo de 9 meses de detención para Maita Luna, con el fin de llevar el caso a juicio oral. Este pedido se fundamenta en que, aunque la orden de detención se emitió en 2002, no se fijó un plazo específico. La fiscal Cárdenas advirtió sobre el riesgo de fuga y la posibilidad de que la exfiscal obstaculizara la justicia, dado que había sido declarada reo contumaz en 2003.

El abogado de Maita Luna, Pavel Alvarado, ha negado que exista peligro de fuga y ha solicitado que su clienta continúe el proceso judicial desde su hogar, citando problemas de salud y su avanzada edad de 70 años.

En su defensa, Maita Luna ha afirmado que siempre ha cooperado con las investigaciones y que no ha evadido la justicia. Reconoció que tenía conocimiento de la orden de detención, pero argumentó que ejerció su "derecho a la resistencia". También mencionó que su abogado había apelado la detención y que había recibido un fallo favorable, aunque no fue notificada de ello.

La situación de Maita Luna se complica a medida que avanza el proceso judicial, y su captura marca un hito en la lucha contra la impunidad relacionada con el régimen de Fujimori.