El Ejército Nacional de Colombia ha confirmado la apertura de una indagación por parte de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres. Esta investigación se centra en la presunta comisión del delito de concierto para delinquir, tras denuncias publicadas por la revista SEMANA.

El Ejército emitió un comunicado en el que aclara que la indagación se originó a raíz de una noticia publicada el 4 de mayo de 2025, que reveló supuestas alianzas entre miembros de la institución bajo el mando de Mejía y grupos paramilitares en el departamento del Cauca. En este contexto, el Ejército desmintió rumores sobre una denuncia directa del mayor general Erik Rodríguez, segundo comandante de la institución, afirmando que "a la fecha el señor mayor general Erik Rodríguez Aparicio no ha interpuesto denuncia en contra del señor brigadier general Federico Alberto Mejía Torres".

La Fiscalía busca determinar si Mejía tuvo vínculos con grupos ilegales durante la operación Perseo, que se llevó a cabo en el municipio de El Plateado, en Cauca. Esta operación tenía como objetivo bloquear el tráfico de drogas de las disidencias de las FARC en la región.

Además, el Ejército ha indicado que se están llevando a cabo actuaciones disciplinarias internas relacionadas con esta situación. La Procuraduría General de la Nación también ha iniciado un proceso disciplinario en relación con las mismas denuncias.

Las revelaciones de SEMANA incluyen videos y chats que sugieren una relación entre militares y grupos paramilitares, así como diálogos entre el general Mejía y un individuo identificado como Joselito, quien supuestamente estaba organizando patrullajes conjuntos con el Ejército.

El general Mejía, quien cuenta con 35 años de servicio en el Ejército, ha estado al frente de diversas operaciones y ha ocupado importantes cargos, incluyendo el de comandante de la Tercera División. En el pasado, él mismo reconoció la existencia de una presunta asociación criminal, pero afirmó que fue él quien denunció la situación ante las autoridades competentes.