L a Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la situación de la alimentación y la salud en dos importantes centros penitenciarios del país: El Pedregal en Medellín y el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta (COCUC). Un informe preventivo, con posibles implicaciones disciplinarias, fiscales y penales, revela reiterados incumplimientos contractuales que, según el Ministerio Público, constituyen una vulneración de los derechos humanos de más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL).

La interventoría de los contratos de alimentación destapó un panorama desolador, evidenciando fallas sistemáticas que afectan directamente la calidad, cantidad , tiempos de entrega y las condiciones sanitarias de los alimentos que se suministran . Informes detallaron racion

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