El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas enfrenta un "absoluto desbordamiento" de recursos, según la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en su memoria de 2024. El informe destaca que las salas de inadmitidos y asilo han vivido "situaciones de difícil abordaje" que amenazan derechos fundamentales. La Fiscalía señala que el inicio de 2024 estuvo marcado por una crisis en estas salas, una situación que se ha repetido cíclicamente durante el año.

La saturación ha llevado a una coordinación extraordinaria entre el servicio de guardia y la sección de extranjería para abordar cuestiones delicadas relacionadas con los derechos de los viajeros. A pesar de que el Ministerio del Interior habilitó una cuarta sala y reforzó la plantilla de policías y personal de seguridad en enero de 2024, los incidentes persisten. En octubre de 2024, cuatro ciudadanos marroquíes lograron escapar tras forzar los conductos de aire acondicionado.

El informe también menciona la llegada de "oleadas de viajeros de determinadas nacionalidades". Aunque la imposición de visados de tránsito ha reducido parcialmente el flujo, Barajas sigue siendo el aeropuerto con mayor número de retenciones. En 2024, se retuvieron 3.645 personas en Madrid, en comparación con 2.252 en Barcelona-El Prat.

El Gobierno ha defendido que las salas se adaptan al tamaño del aeropuerto, incluyendo "camas en distintas habitaciones, separación entre hombres, mujeres y familias, wifi y aseos". Sin embargo, no se han detallado las condiciones específicas de estas instalaciones.

La situación se agrava con el colapso en el sistema de atención a menores extranjeros no acompañados. La Fiscalía ha registrado 1.937 nuevos casos en 2024, de los cuales 1.110 accedieron por Barajas, triplicando la cifra del año anterior. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha calificado esta situación como un "verdadero colapso del sistema" y ha rechazado la criminalización de los menores migrantes.

Además, el sistema cuenta con un único hospital para pruebas radiológicas, lo que ha generado retrasos de hasta ocho meses en la emisión de informes. En 2024, se tramitaron 911 expedientes de determinación de edad, un 125,5% más que en 2023, de los cuales el 91,1% fueron archivados.

El coste económico de esta crisis es difícil de cuantificar, pero la Fiscalía advierte que los recursos destinados a alojamiento, manutención y atención sanitaria se han multiplicado sin previsión presupuestaria. La Comunidad de Madrid ha habilitado recursos de emergencia, aunque el Ministerio Público insiste en que "estos parches no resuelven la problemática estructural".

Por último, el malestar laboral en Barajas se suma a la crisis migratoria. El sindicato SICA denuncia la falta de personal y la gestión inadecuada de la situación, lo que podría llevar a una nueva huelga.