La reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) , en la que se declaró responsable al antiguo secretariado de las FARC por el secuestro de más de 21.000 colombianos , ha generado un fuerte debate nacional.

Aunque se trata de una de las decisiones más relevantes desde la creación de la justicia transicional, el fallo no incluyó penas de prisión, sino sanciones restaurativas de ocho años , como trabajos comunitarios y proyectos en beneficio de las víctimas.

La medida ha sido cuestionada por sectores de la oposición y por víctimas, que consideran la decisión como una señal de impunidad.

En el departamento del Huila, el excongresista Jaime Felipe Lozada , quien fue secuestrado por las FARC durante tres años, expresó su inconformidad.

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