Aunque el informe de la Comisión Independiente de la ONU concluye que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que la Convención sobre el Genocidio remarca que los Estados deben castigarlo y prevenirlo, la Comisión Europea, atada por los países miembros, solo propone medidas comerciales de escaso impacto

La Comisión Europea propone aranceles por 227 millones a Israel para frenar el genocidio de Gaza

Cuando el Parlamento Europeo sacó adelante una descafeinada resolución con el apoyo a las medidas que había anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que Israel frenase el genocidio que está llevando a cabo en la franja de Gaza ya se vislumbró que la respuesta europea iba a ser tibia.

A pesar de que un día antes la comisión independiente de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio y que el Gobierno israelí anunciara una ofensiva final sobre Ciudad de Gaza, la propuesta de la Comisión Europea se ha quedado en la imposición de unos aranceles sobre productos israelíes que suman 227 millones de euros, la suspensión del apoyo bilateral de la UE a Israel de unos 20 millones y sanciones para dos ministros y organizaciones de colonos extremistas israelíes. La inacción de Bruselas choca con la Convención sobre el Genocidio, que data de 1948, que remarca que los Estados no solo deben castigar el genocidio, sino también prevenirlo.

Aunque el comunicado de la Comisión Europea admite que “tras la reciente decisión de Israel de imponer un bloqueo al acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, la situación humanitaria se ha deteriorado a un nivel sin precedentes e insostenible, impulsada por los continuos bombardeos, las operaciones militares, los desplazamientos masivos y el colapso de los servicios básicos”, las medidas que se pueden aprobar apenas van a suponer un impacto a las ventas de productos israelíes a la UE, que en 2024 ascendieron a 15.900 millones de euros.

El Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, explicó que la propuesta de la Comisión “no es solo cuestión de comercio o cifras. Hay mucha carga política en esta decisión. Hemos querido mover ficha rápidamente, ya que había muchas expectativas y teníamos que utilizar los instrumentos para que llegue la asistencia humanitaria al pueblo palestino”. Pero la Comisión Europea sigue manteniendo su postura de que no puede hablar de que haya un genocidio en Gaza, amparándose en que los tribunales internacionales todavía no han adoptado una decisión al respecto.

Los hallazgos de los expertos que investigan para la ONU se unen a lo que ya venían denunciando organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o B'Tselem, así como la relatora de la ONU y numerosos expertos en genocidio, incluida la principal asociación internacional de académicos especializados en el campo de estudios de este crimen, uno de los más graves a ojos de la comunidad internacional.

El informe concluye que Israel está perpetrando un genocidio porque ha cometido cuatro de los cinco actos que lo definen como tal cuando son ejecutados para “intentar destruir, totalmente o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, entre ellos, los asesinatos, el daño físico y mental a la población gazatí, condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción y medidas destinadas a impedir nacimientos.

Daniel Levy, exnegociador y asesor del Gobierno israelí, señala a elDiario.es que “hay dos líneas fuera de sincronía, una para la destrucción israelí de Gaza y otra para sus consecuencias. Puede que llegue a ser irreversible cómo se percibe a Israel globalmente, incluso en el Occidente, junto con la necesidad creciente de que hay que tomar medidas para contener y disuadir a Israel”.

“Hasta que eso suceda, Netanyahu está avanzando con la limpieza étnica y la devastación de la ciudad de Gaza, haciendo que la mayoría de la zona sea permanentemente inhabitable. El disgusto público en gran parte de Occidente por lo que está haciendo Israel, con la complicidad de sus propios líderes, se está traduciendo lentamente en un cambio de política”, añade.

Castigar y prevenir el genocidio

El mensaje de los investigadores de la comisión es cristalino: mientras continúan estas atrocidades, el resto de países no puede mirar hacia otro lado. Según la Convención sobre el Genocidio, que data de 1948, los Estados no solo deben castigar el genocidio, sino también prevenirlo. De esta manera, el informe añade más presión sobre aquellos países que tratan a Israel como una excepción a las normas internacionales, porque les exige acción política.

“El deber de prevenir y sancionar el genocidio se aplica no solo al Estado responsable, sino a todos los Estados partes de la Convención sobre el Genocidio y, de hecho, a todos los Estados conforme al derecho internacional consuetudinario”, dice el texto. Entre las posibles medidas que se pueden tomar, recomiendan el cese de la transferencia de armas y otros equipos militares a Israel; garantizar que las personas y empresas en sus territorios no participen en la ayuda o asistencia para la comisión de genocidio o en la incitación a cometer genocidio; y adoptar medidas para la rendición de cuentas mediante investigaciones y procedimientos judiciales.

“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza”, dijo este martes Navi Pillay, la presidenta de la comisión de expertos –y una distinguida jurista internacional que, entre otras cosas, fue comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda–. “Todos los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios razonablemente disponibles para detener el genocidio en Gaza”. De lo contrario, agregó, cada día de inacción “erosiona la credibilidad de la comunidad internacional”.

En la misma línea, Elisenda Calvet, profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de Barcelona (UB) e integrante de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), explicaba recientemente en una entrevista con elDiario.es que la prohibición del genocidio es lo que se llama en derecho internacional “una norma imperativa, es decir, que obliga a todos los Estados porque protege los valores esenciales de la comunidad internacional”. “Todo el mundo tiene la obligación de prevenir el genocidio”, sentenció.

Al presentar sus conclusiones, Pillay fue clara y advirtió de que cuando “aparecen señales y evidencias claras de genocidio, la ausencia de acciones para detenerlo equivale a complicidad”. En este sentido, Sonia Boulos, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Antonio de Nebrija, explica a elDiario.es que la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ha establecido una distinción entre la obligación de prevenir y la complicidad en genocidio. “La complicidad 'requiere que se haya adoptado alguna acción positiva destinada a proporcionar ayuda o asistencia a los perpetradores del genocidio', mientras que la violación de la obligación de prevenir 'resulta simplemente de la falta de adopción e implementación de medidas adecuadas para impedir que el genocidio sea cometido”, indica.

Tras el último informe que apunta con el dedo a Israel, una veintena de organizaciones humanitarias piden a los dirigentes mundiales que no se queden de brazos cruzados. “Muchos de nosotros hemos estado en Gaza. Hemos conocido a innumerables palestinos que han perdido extremidades como consecuencia de los bombardeos israelíes. Hemos conocido personalmente a niños tan traumatizados por los ataques aéreos diarios que no pueden dormir. Algunos no pueden hablar. Otros nos han dicho que quieren morir para reunirse con sus padres en el cielo. Hemos conocido a familias que comen comida para animales para sobrevivir y hierven hojas como comida para sus hijos. Sin embargo, los líderes mundiales no actúan. Se ignoran los hechos. Se descartan los testimonios. Y, como consecuencia directa, mueren más personas”, afirman en un comunicado. “Los Estados deben utilizar todos los instrumentos políticos, económicos y jurídicos a su alcance para intervenir. La retórica y las medias tintas no bastan. Este momento exige una acción decisiva”.