El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido la fianza fijada por el juez Ángel Hurtado de 75.000 y sostiene que que por su cargo “goza de una exención legal que le dispensa de prestar fianzas, depósitos, cauciones o cualquier otro tipo de garantía procesal cuando es demandado o acusado por actos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones oficiales”.

La tesis de la Abogacía del Estado es que según la ley García Ortiz no debería cubrir ninguna fianza, contrariamente a lo fijado por el juez que le ha procesado por un delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar un datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un recurso presentado por la Abogacía del Estado, encargada de su defensa, y al que ha tenido acce

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