El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil , Flávio Dino, ha ordenado este jueves a la Policía Federal brasileña que investigue las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que acaba de ser condenado por golpismo , durante la pandemia de Covid-19, que dejó más de 700.000 fallecidos en el país americano.

El magistrado ha pedido la reapertura del caso judicial abierto tras los peores meses de la pandemia y que fue archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022 por el fiscal Augusto Aras, fiel al bolsonarismo y que rechazó el contenido del informe elaborado por la comisión especial del Senado. Este informe, en el que se basa ahora el juez Dino, analizó la gestión política del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia sanitaria y detectó numerosas irregularidades.

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de un total de nueve delitos incluidos en el Código Penal brasileño: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo. Ahora el juez pide a la policía que le investigue a él así como a tres de sus hijos y a otros 20 aliados de Bolsonaro, entre ellos cinco diputados.

Dino fue nombrado como magistrado del Supremo Tribunal en febrero de 2024, tras ser nominado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cuyo último gobierno era ministro de Justicia desde enero de 2023. Durante lo peor de la pandemia de Covid-19, Flávio Dino era gobernador del estado de Maranhão, al noreste del país, cuando fue un duro crítico del negacionismo acientífico del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ha ordenado reabrir el caso, el juez sostiene que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos” o firmas de contratos con empresas pantalla, entre otros.

Algunas de esas actuaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la COVID-19, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas a través de la red de salud pública, como la cloroquina, de la que Bolsonaro fue uno de sus pocos defensores a nivel internacional.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia y en su momento fue descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo describió como un “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

La decisión de Dino da ahora un plazo de 60 días que puede ser prorrogado para que la Policía Federal investigue el asunto. La policía brasileña había solicitado acceso a las pruebas y había concluido que era necesario continuar con las investigaciones tras el archivo de la causa, lo que ha sido ahora aprobado por Flávio Dino.

Esta investigación ha sido anunciada apenas una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenase a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista urdida después de que Lula le derrotase en las urnas , en las elecciones de octubre de 2022.