El Gobierno de Gustavo Petro ha estado en el centro de la controversia tras la renuncia de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad. Este movimiento, que se produjo el 17 de septiembre, fue parte de una estrategia para evitar la nulidad de su nombramiento, que había sido cuestionado por incumplir la Ley de Cuotas. La renuncia de Florián fue seguida rápidamente por la publicación de su hoja de vida en la página de Presidencia, lo que ha generado críticas y acusaciones de manipulación política.

El Tribunal de Cundinamarca había aceptado una medida cautelar que cuestionaba el nombramiento de Florián, lo que llevó al Gobierno a actuar con rapidez. Al aceptar su renuncia, el presidente Petro busca cumplir con la ley de paridad de género al nombrar a una mujer en el Ministerio de las TIC, lo que permitiría que Florián pudiera ser nombrado nuevamente sin romper la Ley de Cuotas.

La situación ha suscitado un intenso debate sobre la identidad de género y la representación en el gabinete. Florián, quien se identifica como una persona de género fluido, ha sido objeto de críticas por ocupar un cargo que, según algunos, debería ser reservado para una mujer. La representante Katherine Miranda expresó su preocupación, afirmando que "el Ministerio de la Igualdad no representa, con los nombramientos, su misionalidad".

Por su parte, la representante Catherine Juvinao anunció acciones disciplinarias y penales contra el Gobierno, acusando a Petro de desacatar decisiones judiciales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión del presidente, argumentando que la renuncia de Florián no es una sanción y que el presidente tiene la potestad de nombrarlo nuevamente.

El debate sobre la representación de género en el gabinete se intensifica, con voces críticas que señalan que el Gobierno de Petro ha fallado en su compromiso con la paridad. La situación de Florián ha reavivado las tensiones entre el Gobierno y los movimientos feministas, que han expresado su descontento con la forma en que se han manejado los nombramientos en el gabinete.

La controversia no solo se limita a la política interna, sino que también refleja un debate más amplio sobre la identidad de género y la representación en la política. A medida que el Consejo de Estado revisa el caso, la atención se centra en cómo el Gobierno manejará la situación y qué implicaciones tendrá para la representación de las mujeres en el futuro.