Con una desfachatez que desafía al Estado de derecho, el gobierno de Salomón Jara ha convertido un amparo federal en papel mojado. La maquinaria pesada, presuntamente vinculada a intereses inmobiliarios, devora la reserva natural de Punta Colorada, en Puerto Escondido. Esta acción no solo arrasa con cientos de árboles, sino que también pisotea una orden judicial explícita para su conservación, evidenciando un profundo desprecio por las leyes y el medio ambiente.

La denuncia de ecocidio por parte de ambientalistas y vecinos no es una exageración. Las imágenes y videos que circulan muestran un páramo de tierra y troncos, el legado de un desarrollo voraz que ignora el valor ecológico de la zona. Se pone en peligro la anidación de tortugas, los humedales cruciales y el frágil hábitat costero,

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