La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha afirmado que existen "serios indicios" de un posible delito de genocidio por parte de Israel en Gaza. Sin embargo, ha subrayado que será la justicia la que deba determinarlo. Delgado ha enfatizado la "obligación" de España, como uno de los países que más convenios de derechos internacionales ha firmado, de poner "todo el material probatorio" a disposición de los tribunales internacionales que están llevando a cabo investigaciones al respecto.

Las diligencias preprocesales autorizadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tienen como objetivo investigar los "gravísimos hechos" que están ocurriendo en Gaza en "tiempo real". Esto generará un "material probatorio" que podría sustentar la responsabilidad de los autores ante la Corte Penal Internacional.

En respuesta a las críticas del Partido Popular, que sostiene que esta investigación es un intento del fiscal general de "escudarse" tras la apertura de un juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Delgado ha preferido no entrar en valoraciones políticas.

"Lo que nos preocupa desde la Fiscalía es cumplir con la ley nacional e internacional que nos indica que debemos actuar ante evidencias o indicios de graves violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos", ha declarado.

Delgado también ha confirmado que hay víctimas españolas en Gaza. Al ser preguntada si esto podría influir en el rumbo de la investigación, ha descartado tal posibilidad, afirmando que "el ejercicio de la jurisdicción universal es muy limitado y debemos limitarnos a un ejercicio cooperativo".

La fiscal ha criticado las "limitaciones a la jurisdicción universal", argumentando que no deberían existir "barreras" para abordar "crímenes tan horrendos que nos afectan a todos". Ha señalado que todos somos, de alguna manera, víctimas de estos crímenes que afectan a la dignidad humana. Delgado ha propuesto avanzar hacia una "justicia universal cooperativa", recordando que desde 2009 se han reducido las posibilidades de ejercer esta jurisdicción, y que en 2014 las limitaciones fueron aún más severas, lo que ha llevado a que para delitos como genocidio y lesa humanidad, la restricción sea casi absoluta.