La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de forma definitiva la situación jurídica de 34 miembros de la fuerza pública al concederles la renuncia a la persecución penal por su participación en los asesinatos de nueve personas presentadas falsamente como bajas en combate, en hechos ocurridos entre 2004 y 2008 en Boyacá, Santander y Cundinamarca.

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que los comparecientes, todos integrantes del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ (Bisuc) de Chiquinquirá (Boyacá), no fueron considerados máximos responsables de estos crímenes y cumplieron con los requisitos exigidos para re

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