La ratificación del Acuerdo de Escazú , por parte de la Corte Constitucional, representó un paso trascendental para Colombia en materia de democracia ambiental, acceso a la justicia ambiental y protección de las personas defensoras del ambiente.

Esta ratificación hoy contrasta con el informe anual de Global Witness que para el 2024 reportó el asesinato de 48 líderes ambientales en el país, lo que hace aún más necesaria la implementación efectiva y diferencial del Acuerdo de Escazú.

Este tratado internacional, que fortalece el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información ambiental, participar activamente en la toma de decisiones y acceder a mecanismos de justicia, sienta las bases para una gestión y gobernanza ambiental más transparente, inclusiva y en definitiva más jus

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