La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó de colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas y ocho ejecutivos encargados del procesamiento de centolla en la Región de Magallanes .

Los hechos habrían ocurrido al menos entre los años 2021 y 2021, según el ente persecutor, con el fin de fijar precios al que les compraban el recurso a los pescadores artesanales (extractores) de la zona . De este modo, la FNE solicitó multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($ 51.870 millones) a las empresas señaladas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($ 424 millones) a los ejecutivos.

¿Cómo funcionaba la colusión?

Para Nicolás Riquelme, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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