Un tribunal de siete jueces del Tribunal Supremo con mayoría de sensibilidad conservadora juzgará y sentenciará al fiscal general del Estado . Los cinco magistrados que ya decidieron abrir la causa hace casi un año serán acompañados por los dos más antiguos de la Sala de lo Penal que no han intervenido en el proceso en un juicio por la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la ponencia en manos de la magistrada progresista Susana Polo.

La mayor parte del tribunal, como es habitual en las normas de reparto, está constituido por los cinco magistrados que ya en octubre de 2024 aceptaron la exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid y decidieron abrir una causa contra Álvaro García Ortiz . La progresista Susana Polo, que fue ponente de aquel auto , junto con cuatro magistrados de corte conservador: el expresidente Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y la exmagistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela .

Los otros dos magistrados son Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer. El primero es el magistrado más veterano de la sala y su nuevo presidente, considerado de tendencia progresista pero candidato apoyado por los conservadores del Consejo del Poder Judicial para hacerle presidente del departamento. Ferrer también es considerada progresista y era la candidata de los vocales progresistas, aunque ella misma se retiró del proceso para facilitar la renovación.

Según las normas de reparto, en este proceso no participarán los tres magistrados de la Sala de Apelaciones que han resuelto todos los recursos del caso en los últimos meses. Ni los dos jueces que avalaron en procesamiento de García Ortiz ni el tercer magistrado que, en un voto particular, defendió que debería archivarse el caso. El juicio contra García Ortiz todavía no tiene fecha aunque fuentes del Tribunal Supremo ubican el comienzo del proceso en la segunda quincena del próximo mes de noviembre.

El fiscal general pide la absolución

El caso contra Álvaro García Ortiz se encuentra pendiente de pocos pasos hasta el comienzo del juicio: que el Supremo establezca una fecha de inicio, la lista de testigos que tendrán que comparecer y, finalmente, resolver los recursos sobre la fianza de 75.000 euros impuesta por Ángel Hurtado. Tanto el fiscal general como la Fiscalía han solicitado la absolución mientras que las acusaciones, entre las que están la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Manos Limpias o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), piden hasta seis años de prisión para él.

La lista de testigos todavía no ha sido establecida pero la mayor parte de las acusaciones y defensas han solicitado que, además del imputado y la fiscal provincial de Madrid, ahora exonerada y como testigo, declaren el propio González Amador, su abogado Carlos Neira, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, los fiscales que intervinieron en el caso y los periodistas que han declarado durante la fase de instrucción.

En su escrito de defensa presentado esta semana, la Abogacía del Estado reitera que no hay pruebas para condenar a García Ortiz por la filtración del correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía que “ciertamente” había defraudado 350.000 euros en plena pandemia. Asegura este escrito que se limitó a recopilar la información del caso para emitir un comunicado ante la “operación perfectamente orquestada” que Isabel Díaz Ayuso y su entorno estaban poniendo en marcha para “desviar el foco” sobre la acusación de fraude fiscal que pesa sobre su pareja.