La empresa vasca CAF, con sede en Beasain y de cuyo accionariado forma parte en un 3% el Gobierno vasco, ha defendido este jueves su contrato del tranvía de Jerusalén, cuya línea se adentra en territorio ocupado por Israel en Palestina, y ha asegurado que la empresa está “firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los Derechos Humanos en todas sus operaciones”. Asegura que el proyecto no supone “ninguna vulneración de los Derechos Humanos”, sino que “genera impactos positivos en la población” de Palestina a pesar de los recientes pronunciamientos de la ONU.

Es la primera vez que CAF hace una comunicación pública sobre el polémico contrato del tranvía de Jesursalén, que data de 2019, a pesar de que las denuncias se le acumulan desde hace años, incluso por el propio comité de empresa. Lo ha hecho mediante un escrito enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -cotiza en Bolsa- y casi obligada. La propia ONU empieza a señalarla y la empresa anticipa el impacto que tendrá entre sus accionistas el hecho de que esté prevista la inclusión de CAF en el listado que se hará público los próximos días sobre empresas que participan, directa o indirectamente, en alguna de actividades que contribuyen a la ocupación ilegal de territorios palestinos.

La empresa asegura ser “plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al Proyecto de Jerusalén”, pero niega la mayor sobre que suponga un atentado contra los derechos humanos. Afirma que ha llevado a cabo “una evaluación inicial de los riesgos del proyecto, y reevaluaciones posteriores, sin que hasta la fecha se haya identificado ninguna vulneración de los Derechos Humanos ni se haya materializado ningún impacto adverso”. “Al contrario, el Proyecto de Jerusalén genera impactos positivos en la población, lo que ha sido corroborado a través de informes de expertos independientes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025”, afirma.

Señala que dichos informes destacan la utilidad social del tranvía de Jerusalén, “que constituye una infraestructura de servicio público esencial y es catalizador del cumplimiento de Derechos Humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y los lugares de culto a toda la población, sin distinción, con especial beneficio para las comunidades más vulnerables”. “Por todo ello, los informes concluyen que el Proyecto tiene un impacto positivo, de manera no discriminatoria, brindando acceso a servicios sociales básicos y proporcionando una infraestructura sostenible y ecológica”, insiste.

Además, insiste en que “los miembros de la comunidad árabe, que constituyen una parte significativa de los usuarios del tranvía, son los que lo utilizan con más frecuencia (más de la mitad de ellos lo utiliza tres o más veces a la semana), la gran mayoría de los cuales se sitúan en los niveles más altos de satisfacción con el servicio, de acuerdo con las encuestas de calidad elaboradas periódicamente por una agencia especializada”. Destaca también que la sociedad a cargo de la operación y mantenimiento del sistema “sigue una estricta política de contratación inclusiva y no discriminatoria, y que cerca de 25% de los empleados son árabes”, a la vez que se asegura que el sistema de transporte sea accesible a cualquier persona y que los letreros y señales sean plurilingües, incluyendo el idioma árabe y el hebreo.

Por contra, el escrito de la empresa no hace ningún tipo de autocrítica a que la línea de tranvía se adentre en territorios ocupados por Israel y recuerda que todas las resoluciones dictadas por diferentes organismos internacionales respecto al proyecto desde su arranque “mantienen sin variación sus conclusiones favorables iniciales”. Además, afirma que los servicios jurídicos de la Administración competente en España confirmaron que el proyecto se ajustaba a la legalidad internacional y no identificaron “ninguna objeción legal” para la firma del contrato y posterior ejecución del proyecto.

El proyecto se adjudicó en 2019 al consorcio TransJerusalem J-Net Ltd, formado por el Grupo CAF y la constructora Shapir por un importe de 1.800 millones de euros. El proyecto, desarrollado bajo la modalidad PPP (Proyecto Público Privado) incluye la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía, 53 nuevas estaciones y varios depósitos, que engloban tanto la extensión de la actual Línea Roja en 6,8 kilómetros, como la construcción de la nueva Línea Verde que contará con 20,6 kilómetros de recorrido. Así mismo el contrato incluye el diseño y suministro de 114 nuevos tranvías Urbos para la nueva Línea Verde y la rehabilitación de las 46 unidades que actualmente dan servicio en la ya existente Línea Roja, según se explicó hace seis años.

Precisamente este jueves el comité de empresa de CAF y el sindicato ELA en particular han exigido de nuevo a la empresa vasca a “terminar con sus relaciones con el Estado de Israel” y abandonar el proyecto de tranvía de Jerusalén. ELA ha recordado que lleva seis años, desde que conoció que CAF optaría a la licitación del proyecto de ejecución del citado tranvía, oponiéndose al mismo en “solidaridad hacia el pueblo de Palestina, ya que el diseño del proyecto consolidaba la ocupación ilegal del territorio por parte de Israel”. Sin embargo, ha lamentado que la dirección ha hecho “caso omiso” a esta petición y encima “ha incrementado su relación con el estado de Israel con la adjudicación de un nuevo proyecto en Tel Aviv”. “Es hora de que la dirección asuma el gravísimo error que supuso apostar por trabajar para el estado de Israel y proponga un plan para terminar con su vinculación con ese país”, apuntan.

El propio lehendakari, Imanol Pradales, ha llegado a considerar que CAF debería realizar “una reflexión ética” sobre su contrato con Israel aunque reconocía que “no es una cuestión sencilla” y siempre ha mantenido que respetará su decisión, “sea continuar o cortar”. El Gobierno vasco tiene un 3% de la empresa vasca.