El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, ha reconocido que las sesiones del Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han enfrentado tropiezos y situaciones confusas. Monreal atribuyó estos problemas a un "proceso de formación" de los nuevos ministros. En una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, afirmó: "Confío y no niego que se estén presentando ese tipo de circunstancias, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación, y que vale la pena ser pacientes".

La situación ha generado preocupación, especialmente por el desorden observado en las sesiones, donde los asesores han tenido que intervenir para explicar el sentido de los votos a los nuevos magistrados. Monreal justificó este fenómeno señalando que los ministros están en un proceso de aprendizaje. "Es un proceso, tengamos paciencia. Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene, que la sociedad espera, que los justiciables esperan de su órgano de justicia", agregó.

La controversia en el máximo tribunal se ha intensificado con la revelación de que los nueve ministros han conformado equipos de hasta 70 y 100 asesores para ayudarles a estudiar los expedientes. Según algunos reportes, el costo de estos equipos podría alcanzar hasta 6 millones de pesos mensuales en sueldos, lo que ha suscitado críticas sobre el uso de recursos públicos.

Un caso destacado es el de Vidulfo Rosales, exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien se ha unido al equipo de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN. Rosales ocupará el cargo de secretario de Estudio y Cuenta, con un salario mensual de 118 mil pesos.

La SCJN ha confirmado que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con un equipo de 103 asesores desde su inicio en septiembre. Este equipo incluye ocho secretarios de Estudio y Cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. Además, la Presidencia de la Corte tiene una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos elaborados por los ministros.