La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y confirmó la caducidad de la demanda civil que pretendía cobrarle 22.300 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados en la causa de corrupción por la que la expresidenta está presa.

La acción civil, iniciada el 25 de enero de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, buscó el resarcimiento de perjuicios al patrimonio público causados por la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Los abogados de la exmandataria argumentaron que el último mes de abril se cumplieron seis meses sin que Vialidad impulsara el procedimiento. Fue un plazo compartido entre los mandatos de Alberto Fernández y Javier Milei.

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