El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) se encuentra en medio de una crisis tras la propuesta de destitución de su presidente, Rafael Muente. Esta decisión fue impulsada por la Comisión Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se produce en un contexto de cuestionamientos institucionales y procesos administrativos en curso.

La controversia se origina en la contratación de un curso de capacitación, que ha sido objeto de investigaciones y sanciones anuladas por falta de pruebas. Muente, a través de un comunicado en la red social X, ha calificado esta recomendación como un "ensañamiento y persecución". Asegura que su defensa de la autonomía del regulador ha generado tensiones con sectores políticos y económicos, especialmente por su firmeza en bloquear líneas móviles vinculadas a extorsiones y en frenar la venta ambulatoria de chips.

El proceso disciplinario contra Muente comenzó debido a la capacitación financiada por Osiptel, que la PCM considera una infracción a la Ley del Servicio Civil. A pesar de que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no encontraron irregularidades, la PCM reabrió la investigación, esta vez acusando a Muente de "influencia" en la aprobación de la capacitación. Muente defiende que el procedimiento fue el habitual y que otros funcionarios también participaron sin ser investigados.

En septiembre de 2024, Muente fue suspendido por 365 días, pero fue reincorporado tras la anulación de la sanción por parte de Servir. Sin embargo, en mayo de 2025, enfrentó otra medida cautelar que lo alejó de su cargo. Durante su ausencia, se realizaron cambios en la dirección del Osiptel, lo que Muente considera un intento de control político.

Documentos internos indican que la Comisión Ad Hoc recomendó la destitución de Muente, sugiriendo que se acreditó su falta. El expediente ha sido enviado a la presidencia del Consejo de Ministros, que decidirá si adopta la recomendación, lo que podría llevar a la salida definitiva de Muente en las próximas semanas.

Muente ha expresado su preocupación por la autonomía de los organismos reguladores en Perú. En sus declaraciones, sostiene que las sanciones y el proceso en curso buscan facilitar el control político del Osiptel. "La cultura meritocrática que caracterizaba al Osiptel está en riesgo", advierte. Además, ha afirmado: "No me callarán. La verdad siempre prevalece y en algún momento saldrá a la luz los intereses oscuros que hay detrás". Muente se compromete a seguir defendiendo no solo sus derechos, sino también la institucionalidad del Osiptel.