El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso mexiquense presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México y sancionar con hasta 7.5 años de prisión las amenazas dirigidas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Una reforma con dientes

La propuesta, impulsada por la diputada Ruth Salinas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, establece que la sanción será mayor cuando la amenaza:

implique la comisión de un delito grave,

se realice de forma anónima o por redes sociales,

se haga con armas o con participación de varias personas,

o provenga de servidores públicos abusando de su cargo.

Además, se plantean sanciones diferenciadas:

Hasta 3 años de cárcel por amenazar con causar daño a la persona, su familia,

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