En la campaña electoral, Arturo Frondizi había dicho que “para corregir el estado actual de la educación y la cultura” era “necesario reconocer a los distintos sectores nacionales el derecho de enseñar y aprender”. Y para ello tendría “que modificarse la estructura universitaria para ponerla al servicio del país”.

Aunque su argumentación para ese cambio decía que eran instituciones creadas “en otra etapa del país [...] cuando la economía pastoril no necesitaba técnicos ni especialistas”, muchos lo interpretaron como una señal destinada a la Iglesia.

Fue así que, en diciembre de 1958, el ministro de educación y Justicia Luis Rafael Mac Kay impulsó la reglamentación del artículo 28, que ya había sido impugnado por la Constituyente de 1957, cuya comisión de cultura se expidió en mayoría

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