Nada refleja mejor la precariedad de nuestra política educativa que el debate sobre los requisitos de ingreso a pedagogía. A días de que venza el plazo para publicar la oferta definitiva de carreras, seguimos sin reglas claras. El gobierno intenta modificar a última hora lo que la ley ya estableció hace años, y lo hace con un proyecto que ni siquiera logra respaldo político. Una vez más, la improvisación busca disfrazarse de política pública.

La Ley 20.903 de 2016, que creó el sistema de desarrollo profesional docente, estableció un esquema transitorio de progresión de exigencias para ingresar a pedagogía: del percentil 50 en las pruebas de acceso, al 60 en 2022 y al 70 en 2025, nivel que la ley estableció como definitivo. Sin embargo, esos estándares nunca se cumplieron. El umbral de 202

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