Begoña Gómez tiene todo el derecho a defenderse, y su abogado a buscar el resquicio legal que permita a su cliente sortear, si quiere y puede, una comparecencia ante un juez hacia el que Gómez y Antonio Camacho consideran contaminado por especial animadversión hacia la presidente. Aun así, Begoña Gómez más que nadie, y su propio marido, deberían ser los primeros en facilitar el trabajo de los jueces para que se disipe la sombra de sospecha sobre el PSOE y el Gobierno.

Su actitud es respaldada por su marido –se entiende– pero también por el resto del Gobierno, aunque con frecuencia esa lealtad mal entendida les deja bajo las patas de los caballos, porque aparecen ante la opinión pública como mentirosos o sometidos a un criterio presidencial que les obliga a ir en contra de lo que defendían

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