La precandidata presidencial Paloma Valencia denunció públicamente presuntas irregularidades en un contrato de casi $30.000 millones suscrito por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la realización de eventos durante 2024 y 2025.

Según Valencia, el contrato se adjudicó sin licitación, a través de un mecanismo de contratación directa con una entidad de mayoría estatal, aprovechando un vacío legal en la Ley 80. El contrato inicial, por $19.998 millones, fue firmado el 17 de diciembre de 2024 , pero su ejecución se proyectó hasta junio de 2025, lo que constituiría una posible violación del principio de anualidad presupuestal.

De acuerdo con la denuncia, la ANT justificó la extensión del contrato usando una fiducia, que ni siquiera fue contratada por la entidad, sino que correspondí

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