Una coalición de 20 estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó una política del Gobierno de Donald Trump que prohíbe utilizar subvenciones destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados .

La querella legal apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de EUA que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.

Esta restricción denominada “costos no admisibles” establece que los fondos de múltiples subvenciones, incluyendo los asignados por la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA, en inglés) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, en inglés) no

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