Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó este miércoles una política del Gobierno del presidente Donald Trump que prohíbe utilizar subvenciones destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.

La querella legal apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de EE.UU. que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.

Esta restricción denominada ‘costos no admisibles’ establece que los fondos de múltiples subvenciones, incluyendo los asignados por la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) no pueden u

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