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Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia presentó este miércoles una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por una política que prohíbe utilizar fondos federales destinados a víctimas de delitos para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados .

La medida, establecida por el Departamento de Justicia bajo la categoría de “costos no admisibles”, restringe el uso de subvenciones de programas como la Ley de Víctimas de Delitos ( VOCA ) y la Ley de Violencia contra la Mujer ( VAWA ).

Con esta prohibición , estados y organizaciones que reciben fondos federales ya no pueden ofrecer asistencia legal a personas sin estatus migratorio regular o sujetas a deportación , salvo en casos excepcionales.

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